jueves, 12 de septiembre de 2013

Plan de Acondicionamiento Territorial: Evolución del Término,Contenidos y Alcances

El término Acondicionamiento Territorial surgió en la normativa nacional hace más de 40 años como una Política de Desarrollo Nacional, su definición, contenidos y alcances fueron concebidos a partir de la necesidad de incluir al espacio rural y la gestión integral de los recursos naturales en el recientemente creado Sistema Nacional de Planificación[1]. Fue el “Plan Nacional de Desarrollo 1971-1975[2]”, el que lo introdujo bajo la moderna denominación de “Política de Acondicionamiento Territorial y Uso de los Recursos Naturales”.

La política nacional el Acondicionamiento Territorial y Uso de los Recursos Naturales se estructuró originalmente teniendo como objetivos a mediano plazo el lograr: (i) la mejor articulación del territorio nacional, a través del fortalecimiento de los vínculos económicos y administrativos entre zonas complementarias; (ii) la creación de centros de demanda complementarios [a] Lima Metropolitana; (iii) la institucionalización de formas de ayuda mutua (entre zonas complementarias); (iv) la ampliación de los servicios sociales a los grupos marginados; (v) la ampliación de las tierras agrícolas y (vi) la expansión de la población no rural; esperando conseguir finalmente al largo plazo: (i) la mejora de la infraestructura y la comunicación que facilite el desarrollo de las actividades y el libre flujo de bienes y personas; (ii) condicionar el territorio para que los individuos elijan su modo de vida y (iii) garantizar suficiente territorio útil y disponible para el asentamiento humano; definiendo a los procesos de desarrollo regional[3] como estrategia fundamental para el logro de estos objetivos.

Posteriormente, en el año 1985, la primera “Ley Orgánica de Municipalidades[4]” otorgó a los gobiernos locales la competencia de “planificar el desarrollo de sus circunscripciones y ejecutar los planes correspondientes[5]” entre los cuales se estableció la competencia de las municipalidades provinciales para “formular el Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia[6]”, cuya definición, alcances y contenidos fueron desarrollados al año siguiente mediante la publicación del “Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente[7]” el cual definió al “Plan de Acondicionamiento Territorial” (en adelante PAT) como: “…un instrumento del Plan Integral de Desarrollo Provincial dirigido a la organización físico espacial de las actividades económicas y sociales de su ámbito territorial, estableciendo la política general relativa a los usos del suelo y la localización funcional de las actividades en el territorio[8]”, a través de la planificación de los elementos que se muestran en el siguiente gráfico:
  

Debido a la actualización y modernización del contenido de la Ley Orgánica de Municipalidades[9] en el año 2003, se hizo necesaria la adecuación del texto del “Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente”, a las nuevas competencias, alcances y conceptos que en materia de Planeación y Acondicionamiento Territorial establecía la norma vigente, es así que mediante D. S. N° 027-2003-Vivienda[10], se aprueba del “Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano”, el cual moderniza el concepto del Plan de Acondicionamiento Territorial, introduciendo como objetivos de este: “(i) el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; (ii) la distribución equilibrada de la población y (iii) el desarrollo de la inversión público y privada en los ámbitos urbano y rural del territorio provincial”[11]; en el siguiente gráfico se muestra la estructura de los elementos componentes del PAT, según la actualización del concepto hecha en el año 2003.


Además del desarrollo de conceptos fundamentales como el aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo de la inversión privada como objetivos del PAT, el D.S. N° 027-2003-Vivienda, estructuró con mayor claridad los procedimientos y plazos para la aprobación de los PAT, estableciendo un plazo de 45 días[12] para realizar el proceso de aprobación y determinó como período de vigencia del plan 10 años a partir de su aprobación.

Posteriormente y a partir de la aprobación de diversas normas nacionales dirigidas a propiciar el desarrollo territorial y la conservación del medio ambiente[13] como aquellas que promueven y regulan el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales[14], la promoción de la inversión privada[15], el desarrollo de la competitividad[16], la gestión de riesgos y desastres[17] y la estructuración del sistema nacional de planeamiento[18],  en el año 2011 se realizó el último proceso de modernización del concepto, alcances, contenidos y procesos relacionados con los PAT, así el D. S. N° 004-2011-Vivienda[19] establece que este  se “constituye [en] el componente físico-espacial del Plan Provincial de Desarrollo Concertado…[siendo] un instrumento técnico-normativo de planificación física integral en el ámbito provincial que orienta y regula la organización físico-espacial de las actividades humanas en cuanto a la distribución, jerarquía, roles y funciones de los centros poblados en los ámbitos urbano y rural; la conservación y protección del recurso y patrimonio natural y cultural; el desarrollo de la inversión pública y privada en los ámbitos urbano y rural del territorio provincial; y, la ocupación y uso planificado del territorio, para lograr el mejoramiento de los niveles y calidad de vida de la población urbana y rural, bajo el enfoque territorial prospectivo, competitivo y de sostenibilidad”[20]. Entre los aportes más importantes al desarrollo del concepto, contenidos y alcances del PAT la norma actual introduce como parte del proceso de formulación la necesidad del diseño de los instrumentos y mecanismos efectivos para la gestión (seguimiento y evaluación) de los PAT, la concordancia con documentos de planificación regional y demás instrumentos de desarrollo territorial nacional,  regional y local; y a su vez su articulación concordados con los PAT de las provincias colindantes. En el siguiente gráfico se exponen de forma resumida los componentes de la acción planificadora del PAT determinadas en el ordenamiento jurídico vigente.





[1] Firmada la Carta de Punta del Este, se constituyó en el Ministerio de Hacienda y Comercio del Perú, la Oficina Nacional de Planes y Programas. Es el primer antecedente de la institucionalización de la planificación en el país. Un año después, en octubre de 1962, el gobierno surgido del golpe militar para evitar la proclamación como presidente de Víctor Raúl Hay de la Torre, creó el Instituto Nacional de Planificación (INP) y el Sistema Nacional de Planificación con el apoyo técnico de la Cepal. (LEIVA LAVALLE, Jorge. Instituciones e instrumentos para el planeamiento gubernamental en América Latina. Serie Textos para la Discusión de Cepal, N° 05, pág. 146).
[2] Aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-71-PM.
[3] A través de la implementación de una administración regional. (Véase Plan Nacional de Desarrollo 1971-1975).
[4] Aprobada mediante Ley N° 23853, publicada el 09 de Junio de 1984.
[5] Inciso 8 del Artículo 10 de la Ley 23853.
[6] Numeral “b” del inciso 1 del Artículo 70° de la Ley 23853.
[7] Aprobado mediante el D. S. N° 007-85-VC, publicado el 20 de Febrero de 1985.
[8] Artículo 7° del D.S. N° 007-85-VC.
[9] Mediante Ley N° 27972, publicada el 27 de Mayo de 2003.
[10] Publicada con fecha 06 de Octubre de 2003.
[11] Artículo 4° del D. S. N° 027-2003-Vivienda.
[12] Artículo 6° del D. S. N° 027-2003-Vivienda.
[13] Ley N° 28245, “Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental”, publicada con fecha 08 de Junio de 2004 y su Reglamento aprobado por D.S. N° 008-2005-PCM, publicada con fecha 28 de Enero de 2005. Ley N° 28611 “Ley General del Ambiente”, publicada con fecha 15 de Octubre de 2005. Ley Nº 29325 “Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental”, publicada con fecha 05 de Marzo de 2009. D. S. Nº 012-2009-MINAM “Política Nacional del Ambiente”, publicada con fecha 23 de Mayo de 2009.
[14] D. S. N° 087-2004-PCM “Reglamento de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE)”, publicada con fecha 23 de Diciembre de 2004. D. S. Nº 017-2009-AG “Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor”, publicada con fecha 02 de Setiembre de 2009). Ley N° 29763 “Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, publicada con fecha 22 de Julio de 2011. Ley Nº 29338 “Ley de Recursos Hídricos”, publicada con fecha 31 de Marzo de 2009 y su Reglamento D. S. Nº 001-2010-AG, publicado con fecha 24 de Marzo de 2010.
[15] D.L. N° 1012 “Decreto Legislativo que aprueba la ley marco de asociaciones público - privadas para la generación de empleo productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de promoción de la inversión privada”, publicada con fecha 13 de Mayo de 2008, y su Reglamento D. S. N° 146-2008-EF, publicado con fecha 09 de Diciembre de 2008. Ley N° 28852 “Ley de promoción de la inversión privada en reforestación y agroforestería, publicada con fecha 27 de Julio de 2006.
[16] Ley Nº 28015 “Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa”, publicada el 3 de julio de 2003 y su Reglamento D.S. Nº 008-2008-TR. D. S. Nº 057-2005-PCM “Aprueban el Plan Nacional de Competitividad”, publicado con fecha 29 de Julio del 2005.
[17] D.S. N° Nº 001-A-2004-DE-SG “Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres”, publicada con fecha 10 de Marzo de 2004. Ley Nº 29664 “Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)”, publicada con fecha 19 de Febrero de 2011 y su Reglamento D. S. N° Nº 048-2011-PCM, publicado con fecha  26 de Mayo de 2011.
[18] D. L. Nº 1088 “Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico”, publicada con fecha 28 de Junio de 2008. D. S. Nº 054-2011-PCM  “Aprueban el Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021”, publicado con fecha 23 de Junio del 2011.
[19] Aprobado con fecha 17 de Junio de 2011.
[20] Numeral 4.1 del Artículo 4° del D. S. N° 004-2011-Vivienda”.

jueves, 25 de julio de 2013

La Planificación en el Perú-Síntesis de su Trayectoria (*)

Firmada la Carta de Punta del Este, se constituyó en el Ministerio de Hacienda y Comercio del Perú, la Oficina Nacional de Planes y Programas. Es el primer antecedente de la institucionalización de la planificación en el país. Un año después, en octubre de 1962, el gobierno surgido del golpe militar para evitar la proclamación como presidente de Víctor Raúl Hay de la Torre, creó el Instituto Nacional de Planificación (INP) y el Sistema Nacional de Planificación con el apoyo técnico de la Cepal.
La máxima instancia del Sistema lo constituía un Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social, presidido por el Presidente de la República e integrado por los ministros de asuntos económicos y sociales más el jefe del INP. Se dispuso la creación de oficinas regionales de planificación y sectoriales en cada uno de los ministerios que participaban en el Consejo Nacional de Desarrollo. Complementaba el sistema un Consejo Consultivo de Planificación en que estaban representadas universidades y gremios de empresarios, trabajadores y profesionales.
El sistema de planificación comienza a desplegarse a través de oficinas sectoriales y regionales durante el gobierno de Fernando Belaúnde (1963-1968). Sin embargo, el entusiasmo inicial se vio frustrado pues la mayoría opositora en el Congreso no aprueba los presupuestos para los planes de inversión para 1964 y el bienio 1965-1966. La misma suerte corrió el Plan Nacional de Desarrollo 1967-1970, aprobado por el gobierno a principios de 1968.
 
EL DESPLIEGUE DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN EN LOS AÑOS 1970
 
En octubre de ese año, se produjo el golpe que estableció el régimen militar que gobernaría el país hasta 1980. Este se distinguió de la mayoría de los otros regímenes militares de la región por su orientación progresista y reformista en lo económico y social. Entre 1968 y 1975, fue presidido por el general Juan Velasco. La planificación adquirió importancia como instrumento de gobierno y el INP como organismo técnico dotado de profesionales calificados del mundo civil. Estos eran muy necesarios para un régimen que carecía de un partido político del cual reclutar a los cuadros directivos del Estado.
Las actividades de planificación se concentraron principalmente en la preparación de la Estrategia Nacional de Desarrollo de Largo Plazo y los planes anuales para 1969 y 1970, estos dos últimos orientados básicamente a la estabilización económica. Luego se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo para 1971-1975. Este plan comprende un plan global, planes sectoriales (agricultura, pesquería, minería, industria, electricidad, hidrocarburos, turismo, transporte, comunicaciones, vivienda, salud y educación), orientaciones de política regional (Norte, Centro, Sur y Oriente) y el plan de desarrollo para la zona afectada por el sismo de 1970[1].
El INP tenía cuatro áreas técnicas: planificación económica, planificación social, programación de inversio­nes, y cooperación técnica internacional. Además, contaba con una Oficina de Investigaciones que realizaba algunos estudios específicos. Para dar operatividad al plan de mediano plazo, se elaboraron planes anuales. Estos se elaboraban de manera coordinada entre el plan global y los planes sectoriales en un proceso inte­ractivo. El INP emitía la directiva para la formulación del plan y luego seguía la formulación simultánea del plan nacional y los planes sectoriales.
La formulación de los presupuestos anuales debía guardar relación con los planes anuales, lo cual se buscaba mediante una norma que requería la opinión favorable del INP para la aprobación de los planes y presupuestos de los sectores. Para cumplir esta tarea, existía la unidad de Planeamiento del Sector Público en el área de Plani­ficación Económica del INP, la cual se encargaba de coordinar todo el proceso para que las áreas de planificación social y planificación económica emitieran sus respectivas opiniones. Esta función presupuestal del INP llegó a otorgarle un peso significativo en las decisiones de asignación presupuestal y posteriormente le fue retirada.
Otro instrumento importante fue el Programa Nacional de Inversión Pública. Cada oficina sectorial efectua­ba una priorización de los proyectos en su sector en base a un análisis costo-beneficio, y luego la Dirección de Programación de Inversiones efectuaba una priorización intersectorial. En base a esta priorización se determinaba la asignación presupuestal correspondiente a los proyectos públicos.
Otro instrumento de cierta importancia fue el manejo de la cooperación técnica internacional que posibili­taba canalizar la cooperación hacia los sectores y proyectos priorizados en el Plan Nacional. Sin embargo, se trabajó poco en modelos de planificación, pero elaboraron tablas de insumo-producto para 1973 y 1979.
A mediados de 1976 se desató una profunda crisis económica que significó una reducción importante de las remuneraciones de los funcionarios de gobierno. El INP se vio afectado porque se generó una gran diferencia entre los sueldos de sus profesionales y los del Banco Central de Reserva, motivando una salida importante de técnicos calificados del INP hacia las empresas públicas y el sector privado. Este fue uno de los aspectos del debilitamiento general que sufrió el sector público y que se prolongó durante los años 1980.
 
DEBILITAMIENTO Y DESAPARICIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
 
La crisis de la deuda también afectó intensamente al Perú, particularmente en 1982 y 1983 cuando el PIB regis­tró tasas de crecimiento negativas de -0,6% y -11,8%, respectivamente y la inflación se elevó a 64,4% y 111,2%. Durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde (1980-1985), el INP creó el área de Planificación Regional. Allí se trabajó un modelo de acondicionamiento del territorio y se avanzó los temas de planificación regional.
El programa reformista del partido aprista (la primera presidencia de Alan García se extendió de 1985 a 1990) requería el fortalecimiento del sector público. El INP se reforzó con profesionales calificados y se incrementó sustantivamente el personal de la entidad. Se dividió la Dirección de Planificación Económica creándose la Dirección de Planificación de la Producción en base a la unidad de planificación intersectorial. En ese perio­do se formuló un plan de mediano plazo para el periodo 1986-1990 y se trabajó con modelos matemáticos. Desafortunadamente, después de dos años iniciales de recuperación, sobrevino la peor crisis económica en medio siglo y estalló la hiperinflación[2] y se revirtió el intento de fortalecimiento del Estado. El INP perdió nuevamente personal y la presencia inicial de la institución en los procesos de toma de decisiones se diluyó.
El gobierno de Fujimori (1990-2000, elegido en medio de la crisis y la hiperinflación) se caracterizó por un predominio del enfoque neoliberal en materia económica y rasgos autoritarios en lo político. El INP fue eli­minado en abril de 1992, lo que condujo a la desactivación del INP, en ese momento ya bastante debilitado. Desapareció el Sistema Nacional de Planificación, incluyendo muchas de las oficinas sectoriales de planifi­cación en los ministerios.
A pesar de ello, resultaba difícil desterrar la idea de planificar de la administración pública, por lo que a me­diados de los 1990 se empezó a trabajar planes estratégicos para las instituciones del Estado. En este caso la visión de la planificación era estrictamente institucional y se cambió hasta su nombre a “planeamiento” para distinguirla de la planificación ahora denominada “tradicional”. Durante ese gobierno, el planeamiento se realizaba únicamente a nivel de cada entidad pública y como parte del proceso de asignación de los recursos presupuestales de la entidad.
Hacia el año 2000[3], las entidades públicas contaban con oficinas de planeamiento y presupuesto pero no había un plan nacional ni planes sectoriales, salvo casos muy específicos. Durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo (2001-2006), diversas entidades públicas empezaron a formular planes sectoriales de de­sarrollo e incluso el Ministerio de Economía estableció directivas para la formulación de los denominados Pesem – Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales. Paradójicamente, al no existir una oficina central de planificación surgió una profusión de planes formulados con diferentes métodos y enfoques.
En este contexto, el Ministerio de Economía y Finanzas formuló un Plan Nacional para el periodo 2002- 2006 que contenía políticas en lo económico y social, y adjuntaba una matriz de resumen de los planes estratégicos sectoriales. Este plan se formuló después que se formularan los planes sectoriales, de tal forma que sólo pudo articular dichos planes sin poder orientar su elaboración con una perspectiva de desarrollo nacional.
 
CREACIÓN Y TRABAJOS DEL CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
 
En el año 2005, hacia el final del gobierno del Presidente Toledo, se emitió la Ley de creación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) y el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Poco tiempo después se designó a los miembros del consejo directivo, pero recién se le asignó un presupuesto para el año 2009.
El Ceplan empezó a operar en enero de 2009 pero recién se implementó con personal en el segundo trimestre de este año. Actualmente el Ceplan se encuentra en proceso de formulación del Plades – Plan estratégico de Desarrollo Nacional 2010-2021 (por el bicentenario de la independencia nacional), y se ha establecido como plazo diciembre de este año para tener un primer plan de largo plazo. Como parte del proceso de formulación del Plades se ha emitido unos Lineamientos Estratégicos, los cuales tienden a confundirse con el Plades, en algunos casos esta confusión posiblemente es deliberada para criticar las supuestas limitaciones del plan.
A pesar de las fuertes limitaciones en materia de personal y recursos, la institución está empeñada en con­tar a fin de año con un primer instrumento de planificación de largo plazo, para después enfrentar la tarea mayor de formular un plan de mediano plazo. Esta vez, como parte de un proceso integrado con todo el sistema de planeamiento, de tal manera que el plan nacional y los planes sectoriales y regionales resulten de un proceso único e integrado[4].
Cabe señalar dos diferencias importantes entre la planificación realizada por el INP en el siglo XX y el planea­miento propuesto para Ceplan para el siglo XXI.
En primer lugar, destaca el elemento de participación y concertación que se ha remarcado fuertemente en el decreto de creación del Ceplan. Los planes en el antiguo sistema de planificación eran resultado de un proce­so esencialmente tecnocrático y sin mayor participación de los actores económicos y sociales; mientras que en la actualidad existe un mandato muy claro para incorporar procesos de participación ciudadana. Como en todo proceso participativo, el variable tiempo resulta clave y es una dificultad que, en compensación, le otorga legitimidad y potencia a los planes.
Una segunda diferencia es el énfasis actual en el planeamiento regional, frente al énfasis sectorial del pla­neamiento antiguo. Esto se explica porque actualmente el Estado peruano se encuentra en un avanzado proceso de descentralización política, con gobiernos regionales elegidos directamente por la población cada cuatro años. En este contexto, las autoridades sectoriales vienen asumiendo un rol principalmente rector de cada sector, encargándose de la emisión de normas, la coordinación y algunos proyectos importantes, mientras que las autoridades regionales asumen un rol ejecutor que cada vez absorbe una proporción mayor y determinante de la ejecución de la gestión pública. Por tanto, el planeamiento actual se ha propuesto reco­ger esta característica asignándole un mayor énfasis a la coordinación con los planes regionales[5].
(*) Tomado de: LEIVA LAVALLE, Jorge. Instituciones e instrumentos para el planeamiento gubernamental en América Latina. Serie Textos para la Discusión de Cepal, N° 05, pág. 146-150.
 

[1] VELASCO, 1972.
[2] Las tasas de contracción del PIB fueron -8,7%, -11,7% y -5,1% en 1988,1989 y 1990, respectivamente. Durante esos mismos años, el IPC aumentó en 670%, 3.400% y 7480%.
[3] Fujimori huyó del país en esta fecha y en julio de 2001 fue elegido presidente Alejandro Toledo.
[4] Información del Señor William Postigo, Director Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico en el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
(Ceplan).
[5] Ídem



 

viernes, 10 de mayo de 2013

La Prospectiva en el Acondicionamiento Territorial


La prospectiva en el Acondicionamiento Territorial, “no es ni profecía, ni previsión", que tal y como decía Voltaire estos son conceptos teológicos reservados al conocimiento del porvenir que solo Dios tiene. La prospectiva no tiene por objeto predecir el futuro, ni siquiera pretende llegar a desvelárnoslo como si tratara de algo que ya está escrito de antemano. Su misión no es otra que de ayudarnos a construirlo.

La prospectiva nos invita a considerar el futuro como si de algo múltiple y abierto se tratara y que, por tanto, queda por realizar, por construir. Más que considerar que el futuro es algo que, de antemano, ya está decidido y que, por consiguiente, a quienes lo estudian solamente les quedaría el aliciente de poder desvelar aquello que guarda el misterio, el futuro es, en una parte muy importante, fruto de nuestro esfuerzo y de nuestro sacrificio. En definitiva de nuestra ambición y de nuestra voluntad. La prospectiva descansa… sobre tres postulados que tienen mucho que ver con la filosofía <<de la libertad y responsabilidad del hombre en la formación de su destino>>, y que caracterizan a su vez, al menos implícitamente, los tipos de investigación que ella persigue. Estos tres postulados podrían traducirse en las siguientes afirmaciones: [1] El Futuro es como un espacio de libertad, [2] El futuro es como un espacio de poder, [3] El futuro es como un espacio de voluntad.

Estos postulados resultan más evidentes todavía cuando contrastamos con la invitación que Gastón Berger nos hacía considerar el futuro no como algo ya decidido y que poco a poco se nos va descubriendo, sino como algo que queda por construir. Lo mismo podríamos decir de lo que Bertrand de Jouvenel escribía al respecto: <<Al observar el pasado, la voluntad del hombre es vana, su libertad nula, su poder inexistente (…) El pasado es el lugar de los hechos sobre los que no se puede hacer nada, es al mismo tiempo el lugar de los hechos conocidos y constatados>> (aunque ello no signifique que no de a pie a gran número de diferentes interpretaciones). Mientras que, por el contrario, <<el futuro es para el hombre, por ser un sujeto dotado de conocimiento y razón, espacio de incertidumbre, y por ser un sujeto activo, espacio de libertad y de poder>>. La definición última de la prospectiva como ciencia que estudia el futuro con el objeto de comprenderlo e intentar influir en él o, en su caso, intentar adaptarse anticipadamente en lugar de tener que sufrirlo, también coincide con dichos postulados”[1] .

La prospectiva tiene como primera misión identificar el abanico de los futuros posibles, y como ocurre en todo lo que se transforma continuamente, en el transcurso del tiempo desaparecerán algunos futuros mientras que emergerán otros nuevos. Se podrá por tanto, en un momento dado, identificar el abanico de los futuribles pero no lo será de una vez por todas y para siempre, aunque sí podrá establecerse una base permanente y sólida, relativa a aquellos fenómenos que estén impregnados de una gran inercia. La prospectiva en el acondicionamiento del territorio debería de ser anticipante y creativa ya que en los tiempos actuales cuanto más rápidos son los ritmos de cambio, más lentos se nos vuelven los mecanismos de respuesta y de adaptación a los cambios que tiene nuestra sociedad. Es necesario cuanto antes, introducir medidas correctoras que se anticipen a las evoluciones más probables y que podemos detectar de la mano de la prospectiva. Es necesario plantearnos la necesidad imperiosa que tenemos de quemar etapas y de recuperar los tiempos perdidos. En este sentido uno de los mayores retos de los sistemas territoriales es de dotarse de instrumentos de acondicionamiento territorial que responda a las necesidades de futuro tanto de las actividades económicas como a las de la propia sociedad en su conjunto, en el marco de la economía sostenible. Si la situación de partida es muy mala, ello quiere indicarnos que el corto plazo inminente no habrá lugar más que para la sangre, el sudor y las lágrimas. Pero, lo mismo que después de un crudo y frio invierno siempre es posible una hermosa y florida primavera, después de un sacrificio en el corto plazo se pueden recoger los frutos llenos de ilusión y de esperanza en el largo plazo.



[1] Prospectiva y ordenación del territorio, hacia un proyecto de futuro, Juanjo Gabiña, Editorial Marcombo, 1998.